La Fiscalía actúa ante los vertederos de Palmete en el límite con Alcalá de Guadaíra

Colectivos ecologistas y ciudadanos de Alcalá señalan la «negligencia histórica» de las administraciones ante este delito que amenaza sus acuíferos y el medioambiente.

Lo que para los vecinos de Alcalá de Guadaíra ha sido una pesadilla cotidiana durante décadas, ha llegado finalmente a las mesas de la Fiscalía de Medio Ambiente. El «trasiego incontrolado» de residuos en la zona de Palmete, justo en la frontera que divide Sevilla de Alcalá, ha dejado de ser un problema sin actuación alguna para convertirse en una investigación judicial por presuntos delitos ecológicos.

Décadas de denuncias ignoradas

La intervención de la Fiscalía, al fin, no es el resultado de una inspección rutinaria, sino el eco de un clamor social que lleva años activo. Asociaciones vecinales de Alcalá de Guadaíra, particulares, medios de comunicación y colectivos han denunciado, de forma sistemática y reiterada, cómo esta zonq se ha convertido en un «agujero negro» de la legalidad, además de otras muchas.

Hasta ahora, la respuesta de las administraciones ha sido el silencio o el envío de pelotas entre tejados municipales. «Llevamos años avisando de que aquí se quema cobre, neumáticos, etc… día sí y día también se entierran escombros de todo tipo, pero nunca se ha actuado con contundencia», lamentan portavoces de colectivos ciudadanos que han visto cómo, pese a las montañas de escritos presentados, el vertedero seguía creciendo ante la pasividad de los responsables políticos y técnicos.

Una bomba de relojería bajo el suelo

La gravedad del asunto que ahora investiga la justicia reside sobretodo en lo que no se ve. El terreno afectado se asienta sobre suelos de alta permeabilidad. Según fuentes, el riesgo de que los lixiviados (líquidos tóxicos procedentes de la basura) se filtren al acuífero es «extremo».

Para Alcalá, esto es una amenaza directa. Las filtraciones podrían contaminar aguas subterráneas que conectan con la masa aluvial del Guadaíra. El hecho de que la Fiscalía haya tenido que solicitar informes urgentes al Instituto Geológico y Minero (IGME) puede suponer que la situación podría haber alcanzado un punto de no retorno debido a la inacción sostenida en el tiempo.

Responsabilidades en el punto de mira

La investigación judicial pone ahora el foco en las responsabilidades técnicas y políticas. La pregunta es ¿Por qué se ha permitido este desastre durante tanto tiempo?

Mientras el proceso judicial avanza, el humo de las quemas nocturnas, los muchos vertederos ilegales, la suciedad en zonas naturales…siguen estando ahí sin soluciones, recordando a los alcalareños que, aunque la Fiscalía ya investiga, el daño ambiental sigue acumulándose sobre una tierra que ha esperado demasiado tiempo para que se empiece a hacer justicia.