Piden cinco años de cárcel para una enfermera de Alcalá por espiar el historial clínico de la exmujer de su pareja
Amores que “matan”, profesionalmente.
La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para una enfermera de un centro de salud de Alcalá de Guadaíra, acusada de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según el escrito de acusación, la procesada accedió de forma ilícita al historial clínico de la anterior pareja de su marido en hasta 80 ocasiones sin que existiera motivo asistencial alguno.
Los hechos: Un goteo de accesos injustificados
El caso, que ha causado una fuerte impresión en la comunidad sanitaria local, se remonta a un periodo de varios meses en los que la acusada habría aprovechado presuntamente su posición y sus claves de acceso al sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para indagar en la intimidad de la víctima. Se han registrado 80 accesos no autorizados y según la investigación, todo apunta a un conflicto de índole personal, ajeno a cualquier necesidad médica o profesional.
Hay que destacar y según la investigación, que los sistemas de auditoría interna del SAS permitieron rastrear la huella digital de la enfermera en el expediente de la denunciante.
Peticiones de la Fiscalía y la Acusación
Además de la pena de privación de libertad, el Ministerio Público y la acusación particular solicitan medidas severas a la carrera profesional de la implicada, ya que piden la inhabilitación absoluta, la prohibición de ejercer cualquier cargo público o profesión relacionada con el ámbito sanitario durante el tiempo de la condena. Además piden una multa economica por la responsabilidad civil, con una indemnización por los daños morales causados a la víctima, cuya intimidad se vio vulnerada repetidamente.
Protección de datos en el sistema sanitario
Este suceso pone de relieve la posible vulnerabilidad de los datos sensibles y la importancia de los protocolos de protección de datos (RGPD). Desde el entorno sanitario se recuerda que el acceso al historial de un paciente está estrictamente limitado a fines diagnósticos o terapéuticos, y que cualquier entrada injustificada deja un rastro que es perseguido penalmente.
El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia de Sevilla, donde se determinará si la conducta de la sanitaria alcalareña constituye la violación de secretos por la que se le reclama media década de prisión.
