Vertido de aceites y elementos tóxicos en la pirotecnia

Denuncia ciudadana: Los vertidos tóxicos se multiplican en la zona de la Pirotecnia. Les mostramos este video enviado a nuestra redacción, que saca a la luz un grave atentado contra la salud pública y el entorno natural: el vertido indiscriminado de residuos de aceites industriales de motor, entre otros, justo al final de la zona de la Pirotecnia, junto a una vivienda abandonada.

Las imágenes no dejan lugar a dudas. No se trata únicamente de los ya habituales cúmulos de escombros, muebles viejos y plásticos que asfixian los parajes rurales del municipio. En esta ocasión, la gravedad escala a un nivel superior: sustancias altamente tóxicas, inflamables y contaminantes vertidas directamente sobre el suelo, amenazando con filtrar metales pesados al subsuelo y a los acuíferos de la zona.

Delincuencia medioambiental impune

Quienes realizan estos vertidos no son simples incívicos; son delincuentes medioambientales. Deshacerse de aceites usados de automoción de forma clandestina para ahorrar costes de gestión de residuos es un delito flagrante contra el medio ambiente que pone en riesgo el patrimonio natural de todos los alcalareños.
Sin embargo, la impunidad con la que actúan estos infractores en los alrededores de Oromana y la Pirotecnia evidencia un problema de fondo estructural: la absoluta falta de vigilancia, control y sanciones ejemplares en los puntos negros ya conocidos por todos.

La inacción de la Delegación de Entorno Natural
Ante este alarmante escenario, las miradas apuntan directamente a la delegada del Entorno Natural, la andalucista María Luisa Campos.
La gestión de la delegada vuelve a quedar en evidencia. Una vez más, la tónica habitual del área que dirige se resume en la misma historia de siempre: ausencia total de medidas preventivas, falta de vigilancia en los caminos perimetrales y una respuesta que, cuando llega, lo hace tarde y a remolque de las denuncias ciudadanas, una concejalía de Entorno Natural que actúa como mera espectadora y se limita a reaccionar únicamente cuando la presión mediática y vecinal resulta insostenible.
La pasividad institucional no puede seguir siendo el escudo tras el que se esconden los delincuentes medioambientales.