ALCALÁ SATURADA DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS. LOS VECINOS SE MOVILIZAN CONTRA ESTO.

Vecinos de Alcalá de Guadaira denuncian que el Ayuntamiento ha autorizado de tres plantas solares a tan solo cien metros de sus casas y han iniciado incluso una recogida de firmas en change.org para solicitar la modificación puntual del PGUO que evite la “burbuja fotovoltaica destructora del medio ambiente”. En su petición, explican que “el municipio ya ha sobrepasado el porcentaje de instalaciones” de este tipo que requiere la población y exigen la paralización inmediata de las licencias presentes y futuras hasta su redacción. Las leyes actuales solo benefician a esta industria camuflada”.

Los vecinos de la urbanización Santa Genoveva,  de Alcalá de Guadaira, denuncian que el Ayuntamiento ha autorizado la instalación de tres plantas fotovoltaicas alrededor de sus casas a tan solo cien metros de distancia.

Hay que recordar que  la normativa municipal del año 2020 protege de instalaciones de este tipo el casco urbano con un perímetro de quinientos metros esta misma distancia no se respeta con ellos. “Aceleran tanto el proceso de aprobación” de los proyectos que “apenas dejan margen para reaccionar”. “Los proyectos se publicaron en el BOJA en 2020 y, por desconocimiento del tema, no pudimos alegar dentro del periodo establecido”, ya que estábamos en tiempo de pandemia”.

“Se basan en una ley estatal que los ampara, en un PGOU de 1994 y en una modificación puntual del mismo de 2023 que promueve la instalación de centrales fotovoltaicas. Gracias a esa normativa, el Ayuntamiento no necesita recalificar el terreno, pues es una industria “camuflada sobre suelo rústico”, explican los vecinos. Gracias a esto, Alcalá de Guadaira es el municipio del sur de Europa con mayor porcentaje de instalaciones fotovoltaicas y hace poco el Ayuntamiento de Alcalá ha anunciado hasta siete licencias para nuevas plantas.

El Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer debatió una moción presentada por el grupo ‘Alcalá nos importa’ que solicitaba aplicar el radio de protección de al menos 500 metros no solo al casco urbano sino también fuera del mismo al suelo que tenga la categoría de urbano y en cualquier agrupación de viviendas y núcleos residenciales que pudieran ser susceptibles de tal calificación, siendo aprobada por todos los grupos políticos de forma unánime. Para la garantía de su ejecución se tiene que realizar una paralización de las licencias urbanísticas de los proyectos fotovoltaicos hasta que se realice una modificación puntual del actual PGOU. Sin ello, la moción aprobada no tiene validez alguna.

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