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La Fiscalía archiva la denuncia por los contratos a la empresa de la pareja de la Alcaldesa, al no hallar irregularidades

El Ministerio Público descarta delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias en las adjudicaciones a empresas vinculadas a la pareja de la alcaldesa.

El decreto de archivo subraya que los contratos se ajustaron estrictamente al procedimiento legal y contaban con el soporte normativo adecuado.

La Fiscalía de Dos Hermanas ha dictado el archivo de la denuncia interpuesta por el concejal no adscrito, Manuel Araujo, contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por supuestas irregularidades en la contratación pública. Tras una exhaustiva investigación, el Ministerio Público ha determinado que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y que los procedimientos administrativos se ajustaron en todo momento a la legalidad.

Sin indicios de criminalidad

El decreto de archivo es contundente al rechazar las acusaciones de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Según el fiscal, tras analizar cerca de 60 contratos adjudicados entre los años 2022 y 2025 a las mercantiles Imangener, Mantenimiento de Gestiones Energéticas y Energy Contractor and Consulting, no se ha podido acreditar ninguna anomalía.

«Las actuaciones denunciadas contaban con soporte normativo y las resoluciones se adoptaron a través de un procedimiento administrativo adecuado», reza el documento de la Fiscalía. El Ministerio Público incide en que no solo no hay delito, sino que los hechos denunciados por el edil «no pueden considerarse debidamente acreditados».

Relación personal y actividad administrativa

La denuncia ponía el foco en la relación sentimental entre la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y un vinculado a las empresas adjudicatarias, sugiriendo que dicha relación había motivado un incremento en el volumen de contratos (cercano a los 950.000 euros).

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía concluye que no ha quedado acreditada influencia alguna de la situación sentimental de los denunciados en la gestión administrativa del Consistorio. El fiscal valida así la transparencia de los procesos, desestimando las sospechas sobre el cambio de cargos en las empresas o el uso de distintas sociedades para ocultar la relación con el administrador.

Respaldo a la gestión municipal

Con este archivo, la justicia ratifica que la gestión de la contratación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se ha realizado bajo el estricto cumplimiento de la ley de contratos del sector público. La resolución pone fin a una controversia que el denunciante basaba en el incremento de contratos menores y cambios en el organigrama de las empresas adjudicatarias, aspectos que el fiscal considera que no vulneran la normativa vigente.

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