Los afectados por la caída de Social Energy se organizan en los tribunales y redes sociales tras la quiebra de la firma fotovoltaica

Los afectados por la caída de Social Energy se organizan en los tribunales y redes sociales tras la quiebra de la firma fotovoltaica

Dos bufetes ultiman acciones judiciales masivas mientras FACUA eleva el caso a la Fiscalía por un presunto delito de estafa al seguir vendiendo presuntamente instalaciones estando ya en insolvencia.

La entrada en concurso voluntario de acreedores de la mercantil Senerco Energy Services S.L., comercialmente conocida como Social Energy, ha dejado un reguero de muchísimos consumidores atrapados en toda España. Lo que se promocionaba como una compañía referente en la transición fotovoltaica se ha convertido en un laberinto económico y legal para familias que pagaron miles de euros por adelantado y hoy se encuentran con proyectos paralizados, deudas financieras activas y subvenciones públicas en riesgo de perderse. 

Acciones jurídicas por presunta estafa y movilización en redes sociales

Ante la dificultad para recuperar las inversiones por la vía concursal habitual, donde los consumidores figuran entre los últimos acreedores en cobrar, los perjudicados han comenzado a coordinarse activamente anunciando la presentación de demandas colectivas que ya están en marcha, al menos dos bufetes de abogados ultiman la preparación de querellas y demandas en representación de cientos de clientes perjudicados. Estas acciones judiciales se formalizarán en las próximas fechas ante los juzgados de Alcalá de Guadaíra, donde la mercantil radicaba su domicilio social, y los juzgados hispalenses. 

Otra de las movilizaciones son las plataformas de afectados en Facebook y Telegram, través de grupos de apoyo y coordinación en redes sociales (como «Afectados Social Energy» en Facebook), miles de usuarios comparten sus expedientes, coordinan acciones legales conjuntas, alertan sobre posibles suplantaciones y organizan la documentación contractual exigida por los tribunales.

Como medidas ya adoptadas existe una denuncia penal ante la fiscalía, la organización FACUA ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Sevilla solicitando investigar a la cúpula de Social Energy por un presunto delito de estafa. Según la asociación, la mercantil continuó captando clientes y cobrando anticipos durante su periodo de preconcurso, a sabiendas de que era incapaz de acometer las instalaciones. 

Un escenario desolador para el consumidor

El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla confirmó la insolvencia de la firma. Los testimonios acumulados dibujan un patrón común de desamparo para sus clientes ya que se encuentran con inversiones perdidas y préstamos vigentes: Multitud de usuarios abonaron el importe total de la obra o solicitaron créditos personales vinculados para financiar instalaciones que nunca se completaron ni llegaron a conectarse a la red eléctrica.

También nos denuncian las pérdidas de ayudas públicas: Al congelarse la gestión administrativa por parte de la empresa, numerosos expedientes de subvención ligados a los fondos Next Generation o a la Agencia Andaluza de la Energía han quedado bloqueados o caducados.

Un riesgo de fraude secundario.

Tras estallar el concurso, los canales habituales de atención al cliente quedaron inoperativos, según los perjudicados. Organizaciones de consumo han alertado además sobre terceros u «empresas fantasma» que contactan a los perjudicados exigiendo pagos adicionales con la falsa promesa de finalizar la obra, lo cual también se ha denunciado ante la justicia.

Guía de actuación: ¿Qué pueden hacer los perjudicados?

Las organizaciones de protección al consumidor (OCU y FACUA) y los juristas aconsejan seguir una serie de pasos indispensables para proteger los derechos de los usuarios:

Recopilación documental completa: Reunir presupuestos, contratos firmados, justificantes de transferencia bancaria, folletos publicitarios y cualquier comunicación por correo o mensajería.

Reclamación a las entidades financieras: Si la instalación fue financiada mediante un crédito vinculado facilitado por la propia empresa, se debe instar formalmente a la entidad bancaria a la paralización inmediata de los cobros por incumplimiento de contrato.

Revocación de poderes para subvenciones: Tramitar ante la administración autonómica correspondiente (como la Agencia Andaluza de la Energía) la revocación del consentimiento para que Social Energy actúe como representante, tomando el control directo del expediente con certificado digital.

Personación concursal y penal: Comunicar el crédito contraído ante la Administración Concursal (Summa Iuris) y valorar la adhesión a las demandas colectivas que se presentarán de forma inminente por la vía penal.