Izquierda Alcalareña alerta de un suplemento de crédito de 1,24 millones con la Intervención municipal en disconformidad

Izquierda Alcalareña alerta de un suplemento de crédito de 1,24 millones con la Intervención municipal en disconformidad.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado 20 de octubre el expediente 12885/2026, que contempla un suplemento de crédito de 1.239.391,42 euros para pagar gratificaciones a funcionarios municipales y las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Izquierda Alcalareña deja clara su posición: los trabajadores deben cobrar por el trabajo que realizan, también cuando prestan servicios extraordinarios fuera de su jornada habitual. Lo que cuestionamos es que el Ayuntamiento financie este gasto con el remanente de tesorería mientras la Intervención advierte de que se supera el límite legal de las gratificaciones y existe un riesgo elevado de incumplir los objetivos presupuestarios.

El límite legal se supera

Según el expediente, del total de la modificación, 903.955,51 euros se destinan a gratificaciones y 335.435,91 euros a cuotas sociales. Con este suplemento, la dotación para gratificaciones alcanza el 16,30 % de la masa retributiva de referencia, cuando el límite máximo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986 es del 10 %. La Intervención municipal señala expresamente en su informe que con esta modificación «se incumple el porcentaje límite».

El informe de Recursos Humanos, fechado el 3 de septiembre de 2026, trata de justificar el incremento, pero, según la Intervención, no acredita que se respeten los límites presupuestarios. Recordar que el informe de Intervención, de 28 de septiembre, es de disconformidad y advierte de que la incidencia sobre la regla de gasto «no es neutra» y presenta un «elevado riesgo de incumplimiento».

El remanente municipal sigue reduciéndose

Otro de los aspectos que preocupa a Izquierda Alcalareña es de dónde sale el dinero. El suplemento se financia con el remanente líquido de tesorería, un recurso limitado que el Ayuntamiento ya ha utilizado para otras modificaciones presupuestarias.

El expediente parte de un remanente de 17.141.208,72 euros. De esa cantidad, 12.856.942,88 euros ya estaban comprometidos en modificaciones anteriores. Con la nueva operación, el documento cifra en 3.044.874,45 euros el remanente que quedaría disponible.

En IZ-AL este dato nos obliga a exigir valorar con cuidado cada nuevo gasto. Además, el Ayuntamiento continúa bajo un Plan Económico-Financiero cuyo equilibrio, según la memoria del expediente, depende de que no se ejecute una parte del gasto previsto para las promociones de VIVE Alcalá.

La propia memoria advierte de un «elevado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria».

El Ayuntamiento justifica los pagos por los refuerzos policiales

El Gobierno municipal argumenta que el suplemento responde al plan de refuerzos de la Policía Local de 2026, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 12 de diciembre de 2025. Sostiene que el aumento de los efectivos mínimos responde a necesidades reales, que los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva deben cumplirse y que los servicios prestados fuera de la jornada laboral tienen que recibir su correspondiente retribución.

Izquierda Alcalareña no discute que esos servicios deban pagarse. Su preocupación es que se recurra a gratificaciones para atender una necesidad que ya estaba prevista en un plan aprobado meses antes.

La normativa establece que las gratificaciones deben responder a servicios extraordinarios y no pueden tener una cuantía fija ni abonarse de forma periódica. Por eso, la formación pide que se explique por qué se ha optado por esta vía y si existe una solución presupuestaria más estable.

Además, los datos del propio expediente muestran que los complementos específico y de productividad se sitúan, respectivamente, en el 69 % y el 21,6 % de sus masas retributivas de referencia, por debajo de los límites del 75 % y del 30 %. IZ-AL reclama que se aclare si existen alternativas que permitan atender las necesidades del servicio dentro de los márgenes legales.

Rubén Ballestero, representante institucional y del área de economía de IZ-AL, resume la postura de la organización: «Los trabajadores tienen que cobrar por lo que trabajan, sin ninguna duda. Lo que el Ayuntamiento no hace es adecuar sus gastos a su realidad económica: lo hace superando el límite legal, con la Intervención en disconformidad y gastando un remanente que ya está al 82 %. Un plan de refuerzos aprobado hace casi un año debería financiarse con una solución estable, no con gratificaciones».