El periodismo nació para ser el contrapoder por excelencia; esa «mosca cojonera» que incomoda al gobernante y da voz al vecino que no la tiene. Sin embargo, en Alcalá de Guadaíra estamos siendo testigos de un fenómeno tan viejo como peligroso: la metamorfosis del periodista en vasallo.
Es un secreto a voces que ciertos sectores de la prensa local, parecen haber olvidado su compromiso con la verdad para abrazar el de la supervivencia económica. La situación es esperpéntica: antiguos jefes de redacción, hoy convertidos en cargos políticos «liberados» gracias a pactos de gobierno, mantienen sus garras en el accionariado de los medios que deberían fiscalizarlos. ¿Es legal ser político y accionista de un medio que recibe dinero público? Quizás los vericuetos de la ley lo permitan, pero la ética profesional dicta una sentencia muy distinta.
La traición a la fuente
Lo más grave no es ya el retraso sistemático en cubrir las noticias que incomodan al gobierno, o que otros medios como Noticias de Alcalá lleguen siempre antes a la realidad de la calle. Lo verdaderamente alarmante es el cruce de la línea roja de la intimidad.
Los vecinos de la zona de Pablo VI han alzado la voz no solo por una barandilla en mal estado, sino por algo mucho más sagrado: la protección de sus datos. Denunciar una deficiencia municipal ante un medio de comunicación no debería ser una entrega voluntaria de información al político de turno.
Utilizar las quejas ciudadanas para identificar a los «rebeldes» y filtrar sus nombres a exjefes que hoy ostentan el poder es, sencillamente, una labor de espionaje camuflada de prensa.
«Cuando un periodista deja de proteger a su fuente para entregarla en bandeja de plata al político, deja de ser periodista para convertirse en un confidente a sueldo.»
El uso de las asociaciones como muro de contención resulta casi insultante para la inteligencia del ciudadano que, ante el incendio provocado por esta falta de ética, se utilicen a representantes políticos incrustados en las asociaciones de vecinos para intentar apagar el fuego. El caso de la barandilla de Pablo VI es solo el síntoma de una enfermedad mayor: un entramado donde el dinero público fluye hacia medios amigos para que estos, a su vez, actúen como escudos humanos del equipo de gobierno.
Alcalá no necesita periodistas que rindan pleitesía por miedo a perder la subvención o por lealtad a un accionista con despacho en el Ayuntamiento.
Alcalá necesita ojos que vigilen, no ojos que delaten. La libertad de prensa muere cuando el titular se redacta en función de quién paga la nómina y quién protege el sillón.
¿Cómo podemos profundizar en este tema?
Para dar más peso a esta denuncia, podríamos investigar los siguientes puntos:
1. Transparencia financiera: Comparar las subvenciones públicas que recibe el medio del actual teniente de alcalde frente a otros medios independientes.
2. Incompatibilidades: Revisar el reglamento de incompatibilidades de los cargos electos y personal de confianza en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra respecto a la propiedad de medios de comunicación.
3. Protección de Datos: Consultar si el manejo de las denuncias vecinales por parte de este medio infringe la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
Lo peor de esto, es que en vez de los partidos de la oposición, la denuncia se haga por un medio de comunicación. Y no decimos nada más .
