La incómoda transparencia que exige VOX

La incómoda transparencia que exige VOX

Por Keka Alcaide

En abril de 2026, la política en Alcalá de Guadaíra vuelve a situarse bajo el foco por una cuestión que, lejos de ser nueva, parece resistirse a desaparecer, el uso reiterado de contratos menores y las dudas que generan en torno a su adjudicación. Se trata de una práctica legal en esencia, pero cuya repetición bajo determinados patrones vuelve a activar las alarmas sobre la limpieza y la equidad en la gestión pública.
Las informaciones recientes apuntan a adjudicaciones recurrentes a empresas vinculadas al entorno personal de la alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras, dirigente del Partido Socialista Obrero Español. En los expedientes también aparecen referencias que remiten a etapas pasadas de la política andaluza, inevitablemente asociadas a figuras como Manuel Chaves González, también histórico del Partido Socialista Obrero Español. No es necesario
acreditar ilegalidades para que se instale una sensación reconocible de continuidad.
Durante años, Andalucía ha convivido con dinámicas basadas en redes de confianza y relaciones personales que terminaban condicionando la gestión pública. Hoy, en Alcalá, muchos perciben que ese modelo no ha desaparecido, sino que ha mutado. El problema no reside únicamente en la legalidad formal, sino en la credibilidad institucional que se erosiona cuando los mismos esquemas se repiten con distintos protagonistas
En este contexto, el papel de la oposición adquiere especial relevancia. Frente a la posición del 
PSOE y el respaldo o pasividad del resto de grupos municipales, entre ellos el Partido Popular y otras formaciones con representación local, destaca la postura de VOX en Alcalá de Guadaíra, liderado por Pedro Navarro.
Desde este grupo se han planteado iniciativas concretas (ver moción) para reforzar los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, especialmente en lo relativo a los contratos menores. Todas ellas han sido rechazadas por el resto de formaciones, lo que introduce un elemento difícil de ignorar en términos políticos y éticos
Negarse a aumentar los controles en la gestión pública no suele interpretarse como un gesto neutral. Al contrario, alimenta la desconfianza. El sentido común establece una lógica sencilla, quien no tiene nada que ocultar no debería temer la transparencia. Cuando ésta se evita, las dudas crecen, las sospechas se consolidan y la confianza ciudadana se deteriora.
Mientras tanto, fuera de los despachos, la realidad sigue su curso. Jóvenes que opositan sin padrinos, empresas que compiten sin contactos y ciudadanos que sostienen con sus impuestos un sistema del que esperan neutralidad. Frente a ellos, se proyecta la sensación de que existe una capa paralela donde las relaciones pesan más que los procedimientos
Cada expediente cuestionado, cada adjudicación reiterada y cada negativa a reforzar los controles contribuyen a debilitar la credibilidad de las instituciones. La confianza no se recupera con declaraciones ni con formalismos legales, sino con hechos verificables y decisiones que refuercen la transparencia
En este escenario, la postura de VOX y de Pedro Navarro adquiere un significado que trasciende lo estrictamente partidista. Representa la exigencia de una política más transparente, más fiscalizada y más alineada con el interés general

La estabilidad real no se construye evitando preguntas, sino respondiendolas. Y en Alcalá de Guadaíra, quienes hoy insisten en abrir esas preguntas son precisamente quienes han situado la transparencia en el centro del debate público.
No hace falta demostrar una trama para que esa percepción arraigue. Basta con que los patrones se repitan y encajen. En Alcalá, como en otros puntos de Andalucía, esa repetición sigue presente y mantiene viva una desconfianza que no deja de crecer. Quizá ésa sea la famosa estabilidad que nos venden los titulares como “paraíso para los próximos cuatro años”, donde nada cambia, y todo sigue igual.